sábado, 7 de enero de 2017

Gasolinazo ¿Resultado de la reforma energética?

En realidad sí hay una relación con la reforma energética, pero no por una lógica de mercado ni por la forma como se concibieron esas leyes, sino por la manera como ésta ha sido implementada.

Al promulgarse la reforma, en diciembre de 2013, se establecieron las fechas de 1 de ene
ro de 2017 para liberar la importación de petrolíferos y 1 de enero de 2018 para los precios. Hasta esas fechas, como desde 1938, PEMEX sería el único que pudiera importar y transportar gasolina y la SHCP pondría los precios al usuario final. 

La liberalización de la importación implica un nuevo mercado, donde empresas privadas podrían traer petrolíferos que antes solo traía PEMEX, ofreciendo mejores condiciones para los intermediarios en México y con la posibilidad de trasladar esos beneficios al consumidor final o de incrementar el margen de ganancia para el intermediario. 

Hablando del caso específico de la gasolina y el diésel la liberación de su precio supondría que  los expendedores tendrían la habilidad de ofrecer gasolina más barata y atraer a más clientes, como lo vemos en USA. La condición para aprovechar ese beneficio era contar con una cadena de suministro más eficiente que la de PEMEX, cosa que no parece difícil en el papel, pero que simplemente no existía por la ley. 

Al liberarse el precio sin contar con esas capacidades, lejos de generarse un beneficio para el consumidor, se corría el riesgo de generar un descontrol en el mercado que se tradujera en una subida de precios, por lo menos en lo que los gasolineros le aprenden al nuevo mercado. El gobierno mexicano tenía la obligación de crear condiciones para que esa infraestructura se desarrollara y así evitar ese descontrol en el mercado, o bien, que de todos modos terminara monopolizado, como fue el caso de Telmex hace casi 30 años.

Las acciones del gobierno mexicano y, hay que admitirlo, de nuestra iniciativa privada, para prepararnos para ese mercado, fueron muy tímidas, si no es que nulas. Pero no solo no nos preparamos para el mercado, encima de eso el gobierno decidió adelantar la liberalización, quedando para 2016 la de importación y para marzo de 2017 la liberación de los precios. Curiosamente esto se da después de un viaje de EPN a Houston y "coincide" con un incremento de la inversión en capacidad de refinación en Texas.

La fecha para la liberación del precio ya está encima, a nosotros en Chihuahua nos toca en mayo y simplemente no estamos preparados para evitar un choque, no solo en el precio, sino en el propio suministro. El incremento del primero de enero el que viene en febrero son decisiones fiscales del Gobierno Mexicano, pero tienen 2 objetivos relacionados con la reforma energética: 1) maximizar la recaudación fiscal en el tiempo que les queda para usar la gasolina con esos fines (más allá del IEPS), y 2) reducir el impacto que va a generar la liberalización del precio como resultado de una pésima implementación de la reforma energética, sobre todo siendo 2018 un año electoral, factor en el que no se pensó, al parecer, cuando se hicieron los calendarios iniciales.

domingo, 16 de octubre de 2016

Elegir las batallas o pagar por estacionarse

"El valor de una cosa no reside en lo que se alcanza con ella, sino en lo que cuesta" 

Friedrich Nietze


Para sorpresa de nadie, o al menos eso es lo que yo pensaba, se ha vuelto a instaurar en esta heróica ciudad, el cobro en los estacionamientos de algunos centros comerciales que había sido suspendido en meses pasados. Para algunos de nosotros era muy claro que la suspensión se debió principalmente a fines electorales. Aquellos que aún creen que en México y en Chihuahua existe la división de poderes, o que de a tiro son ingenuos, pensaban que se trataba de una victoria definitiva del pueblo organizado que garantizaba el cumplimiento de una sentida demanda social ¡La revolución por fin había traído justicia, 106 años después del lanzamiento del Plan de San Luis! ¡Ahora nos podremos estacionar de a gratis en Las Misiones!

Junto con el restablecimiento del cobro, se ha reavivado la voz de las masas oprimidas que, bajo el liderazgo de abnegados y patriotas líderes, buscan terminar de nuevo, de una vez y para siempre, con este flagelo que carcome las esperanzas de un oprimido pueblo que exige su derecho de ir al "Cineapolis" (sic) sin tener que pagar por "parkiar" (otra vez sic) su carro. Se exige al presidente municipal cumpla con el juramento realizado al asumir el cargo que el pueblo le confirió en las urnas: Hacer valer su derecho a estacionarse gratis en Las Misiones.

La pregunta que me surge de todo esto es ¿A poco si tenemos derecho a hacer uso de la propiedad de otras personas así de a gratis? Muchos apelan a un reglamento que pocos conocen y que obliga a los comerciantes a proporcionar estacionamiento gratuito a sus visitantes. De ser el reglamento de construcción, que ciertamente establece parámetros de un número de cajones de estacionamiento por metros cuadrados de construcción, 1 por cada 20 y los adicionales "requeridos de acuerdo al resultado de la combinación de usos" ¿Qué? No sé, yo tampoco entendí, el hecho es que el reglamento no dice que deban de ser gratuitos para el visitante. De hecho las palabras "gratuito" y "gratis" aparecen 0 veces en el reglamento que yo consulté y que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado hace poquito más de un año. En todo caso, y ya habrá algún abogado que me corrija, seguramente si algún reglamento municipal prohíbe el cobro en algún estacionamiento, éste estará en conflicto con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en los temas de derechos de propiedad y quedaría anulado por lo mismo. 

Dejando de lado lo legal y el tema del respeto a la propiedad privada, pues lo primero no está escrito en piedra, y lo segundo es aún discutible por algunas personas (no aquí), me parece que el análisis que debemos hacer es el de la eficiencia. En los famosos centros comerciales que cobran por el estacionamiento, no existe, a mi entender, bien o servicio alguno que sea imprescindible para la vida de los consumidores juarenses o su actividad económica. Siendo éste el caso, no se justifica entonces la aplicación de los recursos públicos en pelear una batalla para defender supuestos derechos, que ni son tal, y que en todo caso no representan algún aspecto crítico de la vida de los ciudadanos. En un orden de prioridades, dichos recursos deberían estar destinados a temas verdaderamente torales para la vida y el desarrollo como pueden ser la seguridad, la salud o la educación, por citar algunos 

Punto a favor tienen aquellos que aducen que en la ciudad no existen alternativas viables de transporte, pues nuestro "transporte público" es la porquería más inmunda jamás conocida por la humanidad, sin embargo, este argumento se cae con las múltiples y muy variadas opciones que existen, en ubicaciones muy similares para ir a comerse una nieve o comprarse una camisita chida. En el caso de los trabajadores de los locales, creo también que la discusión es otra, pues a ellos si debería protegerles la ley para que no paguen por ir a trabajar. 

Es cierto también que existen algunas dependencias gubernamentales u oficinas de servicios públicos en algunos de ellos, pero estas mismas pueden ser encontradas en otros lugares en los que el estacionamiento no se cobra. En todo caso, me parece que el cambio que debe hacerse es en los reglamentos internos del gobierno para prohibir que cualquier oficina pública que preste un servicio público se establezca en un condominio que cobre o pueda cobrar por el estacionamiento, esto no me parece complicado de lograr.

Por otro lado, es importante considerar que los gobernantes son de profesión políticos (aunque emanaran de una candidatura independiente), y miden su utilidad en votos, por lo que ellos pondrán los recursos propios y los que administran, que son de todos, en atender estos temas en detrimento de los verdaderamente importante. Si como ciudadanos nos enfrascamos en pelear por un supuesto derecho tan trivial, estaremos invitando al descuido de las prioridades de la ciudad. 

domingo, 1 de mayo de 2016

El salario mínimo

El salario mínimo ha sido siempre un tema de debate entre grupos que defienden los derechos de los trabajadores y aquellos que velan por los intereses de los propietarios de los otros factores de producción que participan en un proceso productivo (i.e. tierra, capital y tecnología). Actualmente, no solo en México, sino en muchos otros países, el nivel e incluso la propia existencia de un salario mínimo establecido por ley es tópico de discusión entre hacedores de política y ciudadanos de todas las ocupaciones. Como siempre, y por desgracia, existen quienes desvirtúan una y otra posición ubicándose en extremos irreconciliables, apoyados, por lo general, sobre medias verdades, explicaciones vagas e interpretaciones a modo de la teoría económica. Existen, claro, también quienes por honesta ignorancia se ubican en cualquiera de las dos puntas.  En este espacio trato de explicar y argumentar mi posición sobre la pertinencia de un nivel salarial mínimo establecido por ley y la forma como debemos calcular éste. 

Habiendo establecido los dos componentes de la discusión: 1) existencia; y 2) nivel del salario mínimo, empezaremos por la parte de la existencia. En esta entrada, la primera del blog en mucho tiempo, me dedicaré a explicar mi posición sobre este punto. Al respecto, debo decir que hago parte de quienes piensan que es necesario establecer por ley un límite inferior al pago por el trabajo. 

Para explicar mi punto, analizaré en primer lugar los argumentos que comúnmente utilizan quienes niegan la necesidad de un salario mínimo establecido por ley. El más falaz de ellos, sin duda, es el que dice que el salario mínimo impide a los patrones pagar salarios altos, condenando al trabajador a recibir una compensación injusta por su trabajo. Evidentemente ésta es una mala interpretación del término "mínimo", pues este límite, hacia abajo, en ningún momento impone restricciones hacia arriba. Parece obvio, pero lo he leído y escuchado tantas veces que creí necesario darle una explicación. Los topes salariales aplican en otras circunstancias y son motivo de otro análisis.

He escuchado también el razonamiento, un poco más complejo, hay que admitirlo, de quienes dicen que debe ser el mercado, y no una institución "ajena" a la negociación (i.e. el gobierno) quien determine el nivel de pago que debe recibir quien alquila su esfuerzo para el proceso productivo. De nuevo se pasa por alto el significado de la palabra mínimo, haciendo creer que un nivel mínimo impuesto por el gobierno, determina el nivel de salario a todos los demás niveles, lo cual no tiene por qué ser así.

Quienes aseguran que el mercado es quien debe, sin intervención externa, determinar el precio a pagar por el trabajo, aseguran que los niveles de oferta y demanda de trabajo coincidirán por sí solos en un nivel de equilibrio en el que tanto los trabajadores -oferta-, como los empresarios -demanda- estarán satisfechos, en lo que se denomina un mercado eficiente. Este postulado de mercado tiene varias limitaciones, como por ejemplo la de ignorar que el factor trabajo posee ciertas características que no tienen los otros. De cualquier forma no es necesario acudir a ese análisis, que tiene componentes de otras disciplinas (e.g. sociología y psicología) para derribar el argumento del mercado. Basándonos en los propios postulados del modelo neoclásico encontramos que para que un mercado llegue por sí solo a la eficiencia, es necesario que ninguna de las partes tenga poder de negociación. Es cierto que esto pudiera llegar a darse a ciertos niveles, digamos entre un empresario pequeño o mediano con un trabajador de nivel gerencial, o con un club de futbol y Cristiano Ronaldo, pero que es impensable entre una transnacional multimillonaria, por ejemplo, y un obrero o incluso un tècnico. 

No hay que perder nunca de vista que este debate en particular se da en los niveles salariales más bajos, y que justamente son las personas con menos respaldo financiero las que ofrecen su fuerza laboral a estos niveles. Mi afirmación con respecto al desequilibrio de fuerzas en la negociación tiene que ver: 1) con la violación del supuesto de la información perfecta, pues es inconcebible pensar que un obrero puede acceder a los mismos datos sobre el mercado laboral que tiene el gerente de una empresa internacional; y 2) con la cobertura geográfica, pues mientras algunos empleadores pueden acudir, literalmente, a cualquier parte del mundo a adquirir el recurso, el trabajador tiene pocos recursos, y muchas limitaciones de carácter legal -de las que curiosamente nadie reniega- para acceder a otros lugares a ofrecer sus servicios.   

Pero el origen de mi razonamiento en favor de la existencia del salario mínimo es mucho más simple que todo lo anterior, y trataré de explicarlo de forma muy breve. La teoría económica neoclásica, y el sentido común, nos dicen que el objetivo final de una empresa es generar utilidades y de hecho maximizarlas.  La contabilidad económica -mucho más simple que la financiera- define como utilidad económica al resultado de restar los costos de producción -entre los cuales se encuentra el salario-, a los ingresos -determinados por las ventas de la producción-. Para explicarlo de una manera más fácil, podemos citar a un gran sabio que dijo que todo lo que entra, tiene que salir, a menos que se quede adentro. Eso que se queda adentro es la utilidad.

Siendo los ingresos a, y los costos b, no se necesita ser un erudito en matemáticas para entender que el resultado de la resta a-b será mayor cuanto más grande sea a y más pequeño sea b. Dejando de lado el análisis de los ingresos (a), pues el salario, que es la variable que por ahora nos interesa, forma parte de los costos (b). De  nuevo, no hace falta si quiera haber ido a la escuela para saber que para que b sea lo menor posible, el salario, junto con sus otros componentes, debe serlo también. En resumen, dejando la determinación de los salarios de los empleados menos calificados a las fuerzas del mercado, no nos faltarían ocasiones en las que los salarios pagados a los trabajadores más vulnerables en la negociación fueran peligrosamente iguales a cero, o por lo menos tendientes a esta cifra. En español a eso le llamamos esclavitud, lo cual es una violación a principios que se encuentran por encima de las leyes de la oferta y la demanda, teniendo como la menos grave de las consecuencias el estancamiento de la economía por la concentración de la riqueza generada. 

En la próxima entrada analizaré la otra parte del debate, el nivel que debe tener el salario mínimo una vez impuesto, por el momento quedo a la orden en la sección de comentarios.